14.3.09

Otra desagradable experiencia con la Jurisdicción Electoral en Panamá

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El día miércoles 11 de marzo de 2009, debido a las declaraciones del señor Murcia al Diario La Prensa, decidimos interponer una formal solicitud de investigación por parte de los órganos de instrucción (investigación) de la Jurisdicción Electoral panameña. Solicitud que tiene como objetivo que se investiguen si hubo una comisión de faltas administrativas, específicamente las estipuladas en el artículo 190 del Código Electoral vigente, a continuación citamos dicho artículo:

Artículo 190. Quedan prohibidos las siguientes donaciones o aportes a partidos políticos y a candidatos:

1. Los provenientes de personas jurídicas que no ejerzan actividades económicas dentro de la República de Panamá.

2. Las donaciones o los aportes anónimos, salvo los que se originen en colectas populares, los cuales serán reglamentados por el Tribunal Electoral.

3. Las donaciones o los aportes que provengan de gobiernos, personas u organismos extranjeros. Se exceptúan las donaciones o los aportes de partidos políticos, asociaciones internacionales de partidos y fundaciones extranjeras que están vinculadas con partidos o fundaciones nacionales, siempre que dichas donaciones o aportes no sean para campañas electorales.

4. Los provenientes de empresas donde el Estado sea accionista. (el subrayado es nuestro)

Esta solicitud no la hicimos solo contra los mencionados (por Murcia de recibir las donaciones) sino que se solicitó que se investigara a TODOS los partidos políticos, y TODOS los candidatos a diferentes puestos de elección (Presidente, alcalde, diputado, representante, concejal.

¿Cuál fue nuestra sorpresa al acudir a la Fiscalía Electoral? Bueno, muy amablemente nos dijeron que de tratarse de una falta administrativa, el Tribunal Electoral era quien investigaba u ordenaba si la investigación se hace o no, ya que había jurisprudencia (fallos reiterados de los Magistrados del Tribunal Electoral) que hablaban sobre el particular y por lo cual ellos no tenían potestad para investigar lo solicitado por nosotros (mi padre Javier Quiroz Murillo y yo). Y aunque la Ley No. 4 del 10 de febrero de 1978, Capítulo IV de la Fiscalía Electoral, en su artículo 26 nos dice que la Fiscalía electoral debe:

“Perseguir los delitos y faltas electorales mediante el ejercicio de las acciones derivadas de los mismos ante el Tribunal Electoral y sus dependencias. En consecuencia el Fiscal General Electoral realizará todas las diligencias de instrucción necesarias para investigar los hechos punibles y la responsabilidad de sus autores con iguales facultades que las inherentes a los Agentes del Ministerio Público. Terminado el sumario, el Fiscal General Electoral lo remitirá con su vista al tribunal Electoral”

Las autoridades de la Fiscalia General Electoral decidieron no recibir la solicitud, fundamentándose en aquello de la Jurisprudencia, la cual no quisieron informarnos con precisión cuales eran.

Pareciese, entonces, que aquí no son los diputados quienes crean las leyes en materia electoral, sino que son los Magistrados del Tribunal Electoral quienes las crean y en caso de crearlas los diputados, los Magistrados tienen un margen infinito de modificación de la Ley por medio de sus cuasi – extraterrenales fallos.

Sin más ni más el día 13 de marzo de este año acudimos al Tribunal Electoral, a presentar la misma solicitud, sin embargo nos dijeron, que ellos no se encargaban de las investigaciones; nosotros le contamos al funcionario que ya nos habían mandado de la Fiscalía General Electoral allí, nos empezamos a tornar un poco ofuscados por el hecho de que cuando uno quiere hacer las cosas por la vía legal siempre se encuentra tropiezos burocráticos, laberintos gigantescos entre decretos, leyes, jurisprudencias, “reglamentos internos” o simples caprichos del “Jefe Directo del Secretario”, que cuando se encuentran con un poco de impaciencia y frustración quien acude a esas instancias a pedir justicia, (por que se desprecia la labor que con mucho esfuerzo hace uno, se desprecian las dificultades para llegar al lugar y otro sinnúmero de situaciones), generan una combinación bastante fea en el animo de propio.

Entre ademanes rápidos, y la subida de tono de la conversación entre el funcionario y mi padre, solicite después de algún tiempo de haber callado, que se llamara a la contraparte del funcionario (la funcionaria que nos había atendido en el La Fiscalía General Electoral). Después de un buen par de minutos, de hacer la llamada y discutir con la funcionaria (yo conté 23 minutos) el funcionario accedió a recibirnos nuestra solicitud.

Esto es un cuento de nunca acabar. Supuestamente los organismos judiciales están hechos para salvaguardar la seguridad de las personas en todos sus aspectos, para proteger sus bienes jurídicos.

En el caso del Tribunal Electoral y la Fiscalía General Electoral, el bien jurídico protegido en sentido amplio debe ser la DEMOCRACIA y en sentido más especifico proteger el sistema electoral.

Pero parece que lo único que se protegen estas instituciones, es el Status Quo de la “clase política panameña” como los llamaría yo los “aristócratas y oligarcas que se dedican a usurpar los puestos públicos en Panamá”. Y lo vemos con este sencillo ejercicio, porque si en caso tal hubiere sido cualquiera de esa denominada “clase política Panameña” que interpone una demanda electoral o una solicitud de investigación contra algún “pobre diablo” o un grupo político no afín, a la mesiánica “clase política”, entonces se ve como se empiezan a llevar las investigaciones a cabo y rápidamente se da con hechos que implican al acusado, si entramos a los fallos administrativos emitidos del año 2007 para acá, por el Tribunal Electoral nos daremos cuenta que los más sancionados con FRENADESSO y SUNTRACS, (sobre esto puede entrar a este link: http://200.46.214.34/ejuridica/tribelec/norma.cfm ).

De allí que cada vez que acudimos al Tribunal Electoral, nos llevamos con sinsabores que nos hacen desconfiar en sus procesos, en sus fallos, sin embargo esto no hace motivo para seguir provocándolos (a los quistes gigantescos que clientelismo que existen dentro de esa institución, y a la “clase política panameña”) legalmente, usando sus herramientas, y no por el hecho de que nos cause la satisfacción innata de pedir justicia, sino que también se cumple nuestra tarea como ciudadanos responsables, más aun si se hace una labor de difusión de estas iniciativas y estas experiencias.

Espero que tanto este escrito, como la copia escaneada de la solicitud de investigación de la que aquí hablo pueda funcionarle a alguien, ojala no en un futuro tan lejano.

Atentamente, Joao Quiroz Govea


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