6.8.09

Evidente retroceso en privacidad de la comunicación en Panamá



Hemos retrocedido más de 25 años en cuanto a libertad de expresión, privacidad de la comunicación y la correspondencia se refiere, con el sólo hecho de que el ejecutivo proponga un proyecto de ley (1) que ordene, por decirlo así el registro de las formas más modernas en telecomunicación. Aquel detractor que lea entre líneas dirá que como podemos retroceder 25 años en estas materias de derechos si de hecho hace 25 años en nuestro país no existía el internet ni la telefonía móvil, sin embargo yo le diría que el meollo del problema no son como dije antes las FORMAS de la telecomunicación sino el mismo fondo, lo que e busca hacer con este proyecto de ley conocido como 019 - 09 propuesto por el Órgano Ejecutivo.

De manera general se busca que: Las empresas concesionarias, prestadoras de los servicios de telefonía móvil, fijas, redes de comunicaciones y similares proporcionen a los agentes del Ministerio Público, Organismos de Investigación que actúen bajo la dirección del Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales, los datos que se requieran para la investigación, detección o enjuiciamiento de las conductas consideradas delitos por el Código Penal. Todo ello según el artículo 2 de este proyecto, que como explicaremos en adelante y como ya hemos señalado en las líneas superiores es tan “general” que su implementación real es casi imposible.

A nuestro humilde entender según este artículo, todas las empresas que presten servicios tanto de telefonía celular, como de internet incluidas las que brindan el servicio de cuentas de correos electrónicos deben crear una base de datos tan gigantesca, como usuarios panameños tengan, para en caso tal de que CUALQUIERA de esos usuarios que esté incurriendo en actuaciones delictivas, CUALQUIERA que determine el Código Penal sea investigado por las autoridades de instrucción. Aquí ya nos encontrados con dos escollos, primero: la indeterminación del sujeto o de los sujetos que se dediquen a cometer delitos, teniendo en cuenta que no todos somos delincuentes o por lo menos la gran mayoría de la población no delinque (2), y lo segundo: el hecho de que la información pueda ser solicitada por la autoridad de instrucción para investigar CUALQUIER conducta determinada como delito en el Código Penal, o sea que no sólo se limitaría a delitos perseguibles de oficio, o los que no hay necesidad de denuncia por parte de la victima como el narcotráfico, homicidios, sino también a aquellas que requieren actuación por parte del ofendido ya sea por medio de denuncia o querella por ejemplo la calumnia, la injuria.

Las empresas deberán guardar en la susodicha base de datos un inventario gigantesco de situaciones que impliquen a las telecomunicaciones en nuestro país (yo diría posibilidades de registro), entre ellas un registro de llamadas, del numero de quien llama y quien recibe la llamada, quien compra un celular, quien inserta un saldo a un celular, cómo y cuándo lo hace, de quien manda el email y quien recibe el email, de quien tiene acceso al internet, de cuando lo hace, etc. Esto implica una gran red de información continua y de constante actualización, que crece por segundos y que mantenerla será responsabilidad de las empresas que brindan el servicio de telecomunicaciones su manejo, protección y conservación por los tiempos que define este mismo Proyecto de Ley.

Esto sin lugar a dudas implica costos, que dentro de nuestra ignorancia comprendemos que no son bajos. Conste que no hago apología de la empresa privada, pues a fin de cuentas serán traspasados al consumidor, después de todo al perro más flaco se le pegan las pulgas siempre.

El hecho de darle al proyecto de ley un carácter retroactivo complica la situación: Imagine ubicar a los usuarios de telefonía celular que compraron su móvil en una tienda cualquiera, y nunca les pidieron sus datos personales, o un problema más grave ¿Cómo voy a recabar los datos de envíos y recepciones de mails por parte de panameños y panameñas en los últimos 2 años? . Parece - Como he leído en un artículo de Murray N. Rothbard llamado Anatomía del Estado (3) - que las autoridades gubernamentales al proponer esta ley no están solo cercenando nuestros derechos como particulares y en cierto sentido limitando el acceso al mercado de nuevas empresas en telecomunicaciones, sino también atentando contra algo tan esencial como es el sentido común y la lógica.

Aparte de todo lo que hemos mencionado con anterioridad, debemos insistir en el hecho de que se nos está coartando nuestros derechos de privacidad en la comunicación, como bien dice el artículo 29 de nuestra Constitución “La correspondencia y demás documentos son inviolables no pueden ser examinados ni retenidos sino por mandato de autoridad competente y para fines específicos, de acuerdo con las formalidades legales.” y luego dice: “todas las comunicaciones privadas con inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas sino por mandato de autoridad judicial.
El incumplimiento de esta disposición impedirá la utilización de sus resultados como pruebas, sin perjuicio de las responsabilidades penales en que incurran autores.”

Tomando en cuenta esto podemos decir que encontramos varios puntos cuestionables y es que el proyecto de ley de manera abiertamente inconstitucional, busca la intercepción de llamadas en la telefonía móvil y la correspondencia (email), para a su vez utilizarlas como “pruebas” en la comisión de posibles delitos. Como nos indica nuestra formación en Derecho, estando la ley por debajo Constitución no puede ir contra ella.



Este proyecto de ley además se encamina destructivamente contra la libertad de expresión, y les pongo un ejemplo de la situación: Los mails que me mande con mis copartidarios y contrincantes ideológicos, pudieran ser considerados, por algún funcionario paranoico de instrucción, como una forma de conspiración contra la personalidad del Estado quedando todos presos, por el sólo hecho de discutir sobre determinado tema político o determinada acción gubernamental con la que estamos en contra.

Por ello decimos que hemos retrocedido más de 25 años en estas materias. Quizá en un tiempo al que según muchos (4) no quisieran regresar, los militares se llevaban a quien hablara mal del gobierno en una fonda o café, pero hoy nos podrán investigar por lo que hacemos en internet, al parecer, con este proyecto de ley se acaba la democracia que nos permitía esta herramienta en Panamá.

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(1) Aunque el proyecto de ley aun no ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, ya se deja ver el talante autoritario del nuevo Órgano Ejecutivo.

(2) Al parecer nos acercamos cada vez más a la aplicación de un Derecho Penal del Enemigo, donde las garantías fundamentales no importan tanto como sí la persecución del delito, o cuando menos las sospechas de que existe el mismo.
Cada ciudadano es sospechoso, y en vez de haber presunción de inocencia hay presunción de culpabilidad.


(4) Aparentemente, incluso, las flamantes autoridades gubernamentales.

1 comentario:

  1. Samuel Prado Franco7 de agosto de 2009, 0:17

    Saludos y Exitos Compañero Joao: Muy buen articulo. ¿Bajo el pretexto o argumento de perseguir delitos transnacionales como el narcotrafico, el terrorismo o el lavado de dinero las autoridades pueden perseguir a adversarios politicos e ideologicos, espiar o censurar ideas contrarias? Para mi, como ciudadano es una preocupacion y pregunta que surge en relacion a este proyecto de Ley y sus efectos. La tentacion seria muy grande de violar o vulnerar derechos y libertades para las autoridades teniendo un poder para vigilar y castigar a posibles enemigos del Estado y del orden de las cosas. Es necesario e importante no solo el pronunciamiento o la denuncia, sino el analisis y el estudio como el que hace el Compañero Joao para comprender los posibles efectos y consecuencias de este proyecto de Ley para actuar consciente y beligerantemente.

    Fraternalmente,
    Samuel Prado Franco.
    ¡Cultos para Ser Libres!

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