15.6.10

Comunicado de la Red de acción y opinión Manos & Cerebros sobre proyecto de ley 177


MANOS Y CEREBROS
Red de acción y opinión

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el pasado 12 de junio, a pesar de la fuerte oposición ciudadana demostrada durante las discusiones tanto en la Asamblea como fuera de sus instalaciones, el proyecto de ley No. 177 que tenía como objetivo original “promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial”. Sin embargo, mediante el mismo proyecto de ley se modifican varias normas no relacionadas con el objetivo inicialmente declarado.
Entre estas legislaciones, la laboral, limitando el derecho a huelga, haciendo ilusorios sus efectos, y eliminando la obligatoriedad de la cuota sindical; la penal, creando nuevos delitos y penalizando con más tiempo algunos ya existentes; la procesal penal, alterando el procedimiento seguido a las unidades de la fuerza pública en casos de uso de la fuerza excesiva e injustificada; asimismo la Ley General de Ambiente, dándole la potestad a empresas ejecutoras de proyectos de construcción de sustraerse de la realización del estudio de impacto ambiental.
Cabe destacar, que dicho proyecto de ley es esencialmente idea del Órgano Ejecutivo. Rubricado por el Ministro Demetrio Papadimitriu y presentado en la Asamblea Legislativa por el Ministro José Raúl Mulino, dicho engendro legislativo tiene como padre el Consejo de Gabinete y como padrino el Órgano Legislativo.
El proyecto de ley No. 177 en la forma no es más que otro soberano disparate de la Asamblea de Diputados, y es que los ocupantes de las curules, quienes se hacen llamar padres de la patria y deberían ser defensores de la Constitución Nacional y el Estado de derecho, se han acostumbrado a ser poco más que empleados del Órgano Ejecutivo, gobierno tras gobierno.
Igualmente lesivo a la población panameña es el fondo del proyecto, es decir, las reformas que introduce a nuestro ordenamiento. Y es que con dicho proyecto de ley, aprobado un sábado a tambor batiente por la Asamblea Legislativa, son abolidas reivindicaciones históricas del trabajador panameño y el movimiento sindical, se legisla una vez más en materia penal sin atender a una política criminal, se otorga impunidad a las unidades policiales para abusar de su fuerza y se elimina de hecho uno de los pocos instrumentos de salud de nuestro entorno ecológico y por ende de nuestra población: el estudio de impacto ambiental.
Todo ello con el pretexto de “fomentar el desarrollo del país” como dicen los ministros y diputados, cómplices y culpables de estos entuertos legislativos, probando una vez más que las leyes no son otra cosa que instrumentos que buscan mantener el estatus quo y que responden a intereses de clase.
Sería ingenuo asimismo quitarle la responsabilidad al Presidente Ricardo Martinelli, quien evidentemente debió conocer del chanchullo hecho por sus subalternos y por los “padres de la patria.”
Solicitar el veto presidencial es tácticamente correcto en cuanto medio de lucha contra la entrada en vigencia del proyecto, aunque no podemos esperanzarnos en la decisión del presidente teniendo en cuenta que de la misma manera fue aprobado y transformado en ley de la República el polémico proyecto de ley sobre el record policivo y que también penaliza la protesta. Además, hay que estar pendiente al eventual uso del veto como herramienta de mercadeo político en favor del Presidente, y la posterior modificación de las mismas normas por otras vías.
La mejor manera de lograr que el proyecto de ley No. 177 se archive, y que no vuelva a pasar por la mente de estos politiqueros infames la creación de engendros como éste, es la organización permanente de la población, el conocimiento sobre lo que se está haciendo y hacia donde nos dirigimos. Esta ley implica la reducción de derechos ciudadanos conseguidos con trabajo, dedicación y hasta la vida de muchos panameños, por lo cual tampoco es la opción segmentar la lucha y tirar cada quien para su lado, como si un tema no influyera sobre los otros, como si uno tuviese más importancia que otro, viendo jerarquías y separaciones entre la dignidad de la vida humana, las condiciones de trabajo y la sustentabilidad ecológica donde no existen, finalmente, como si los adversarios no fuesen idénticos.
Por ello, ecologistas, obreros, estudiantes, indígenas, profesionales y toda persona que valore su ciudadanía, debemos luchar unidos contra el proyecto, contra otros similares, contra la actitud gubernamental de aprovechar el letargo producido por un espectáculo deportivo, con el fin de enseñarles tanto al Ejecutivo como al Legislativo, que con nuestros derechos no se juega ni se negocia.

Panamá, 15 de junio de 2010                          

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